Casoplones ilegales
La primera vez que me
tropecé con viviendas ilegales fue en primero de concejal en 1979; yo venía de
trabajar en Málaga, en la construcción de más de dos mil viviendas
subvencionadas en régimen cooperativo, para familias de procedencia muy modesta,
dónde socios y directivos observábamos
celosamente la ley, por más que nos costara y se sufrieran demoras impagables.
En la sierra de
Churriana dos impresionantes chalets se levantaban ilegalmente, sobre la zona
apreciada de protección de manantiales, cómo correspondía, ordené paralizar las
construcciones. A los pocos días un diplomático local inglés, me pidió cita en
la tenencia de alcaldía, a la que respondí solícito; el cónsul acompañado con
una ciudadana británica mayor, a la que el gentleman, me la presentó como
víctima de la suspensión de las obras de su mansión.
El diplomático, sin
diplomacia, con esa descortesía inglesa que envuelven sus educadas formas, me
espetó por la barbarie de nuestro acto, y encima con añoranza franquista, me dijo
que anteriormente en España esto nunca hubiese sucedido; no me paró responderle
que los españoles queríamos empezar a actuar con la misma legalidad urbanística
como la que los súbditos de su majestad se obligan en Gran Bretaña.
A los quince años un
juez me ordenó derribar la gran casa
que ya habitada constituía una atalaya envidiable sobre el horizonte malagueño,
me pertreché de la maquinaria necesaria para la demolición, -¡y a las órdenes
mi juez!; pero cosas de las interpretaciones de nuestra Constitución, horas
antes de meter la piqueta otra orden judicial anulaba la anterior, y si te vi
no me acuerdo hasta nuestros días.
Repasaba hace unos días
uno de esos periódicos en inglés que regalan por la Costa del Sol, en la
primera página, se podía leer que la población
residente inglesa en la provincia se había reducido en el 10%, junto a la de las otras
nacionalidades, menos la ucraniana que crecía como es lógico. Me acordé de un
anuncio de protesta sobre el limbo jurídico de las viviendas construidas ilegalmente,
que decía: -muchos ciudadanos ingleses abandonarán Málaga ante la inseguridad
jurídica de sus hogares.
También en otro
semanario inglés axárquico, vi como el nuevo alcalde belga de Alcaucín, Mario
Blancque, portavoz a su vez de Save Our Home Axarquía (SOHA) se reunía en el
diseminado superabarrotado del Puente de los Manueles, organizándolos para que
no se acogieran a las normas estrictas de la declaración de diseminados fuera
de ordenación de la Junta de Andalucía; porque sus hogares han nacido por el
arte de birlibirloque, y como
champiñones al amparo de un descaro divino.
En la provincia de
Málaga hay 50.000 viviendas fuera de ordenación, de las que más de 15.000 se
encuentran en la zona veleña. Ese fenómeno creció como la espuma en los finales
de los noventa del pasado siglo. El primer alcalde de Alcaucín, sometido a la
justicia, José Manuel Martín Alba, dijo que era muy difícil parar lo de las
viviendas ilegales porque los vecinos eran muy pesados. De eso doy fe, porque
hasta unas navidades, encontré a una señora llorando en casa de mi madre porque
a su hijo le habían ordenado derribar su vivienda.
Desde hace tiempo, la
citada barbaridad, está encima de la mesa de las autoridades de la Junta de
Andalucía, presionada por un coro ingenuos depredadores ambientales, en lucha
–to save his homes (para salvar sus hogares), en suelo rural, no urbanizable.
De esos que se sienten engañados, entre otros, por ellos mismos y la picaresca
ambiental.
Bastante difícil es
hacer Justicia aunque los cielos se derrumben.
Curro Flores
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